EL PARO, ESE GRAN DRAMA NACIONAL

Un 17% de paro es un país como España es, a mi juicio, un delito social. Y sobre todo porque este paro es estructural, no bajara nunca por mucho que mientan nuestros políticos y porque afecta gravemente a nuestros jóvenes y mayores. En países europeos de primera fila el paro asumible no llega al 5% de la población activa. En Alemania es del 3,5%.

UNA PROPUESTA PARA AGILIZAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Para apuntalar estas afirmaciones cabe citar lo que expone el Defensor del Pueblo en su informe de 2017 que ha presentado recientemente a las Cortes y que ha pasado desapercibido para la opinión pública, a nadie interesa, y que se adjunta como anexo y que se resume aquí:

– La crisis económica que aún no ha desparecido, ha afectado con mayor gravedad a determinados colectivos, los mayores de 55 años, que constituyen el grueso de los parados de larga duración, y a los jóvenes y no se ha corregido la principal desigualdad, la carencia de empleo. Se ha cronificado.

– En 2016 el PIB creció un 3,6 % y el empleo un 3,1 %, mientras que el crecimiento del excedente empresarial fue el 4,4 % y el de la remuneración de los asalariados del 3,1 %, que muestran la continuidad de la pérdida de peso de los salarios en la distribución de la renta.

–1.016.700 hogares, un 5,5 % del total, tienen a todos sus miembros activos en paro.

-El número de parados de larga duración a finales de 2017 es de 1.612.300, un 45,8 % del total.

–El empleo de los jóvenes está beneficiándose muy poco de la recuperación: apenas un 3 % de los 1,2 millones de empleos creados hasta entonces correspondían a jóvenes entre 20 y 24 años, mientras que en la crisis la pérdida de empleos de jóvenes supuso un 27 % de la caída total.

–Las tasas de empleo femeninas continúan siendo más bajas que las masculinas, con su consecuencia en términos de tasa de paro, que en la actualidad es del 18,3 %, siendo la tasa masculina del 14,9 %.

–La temporalidad cae con la crisis y reaparece con la recuperación. Es un fenómeno que se repite: la temporalidad creció en los buenos años previos a la crisis y descendió bruscamente con esta.

-En 2016, los contratos de una semana o menos supusieron más del 28 % del total. El porcentaje de personas que firmaron entre 3 y 5 contratos por año subió del 13 % de 2009 al 19 % de 2016.

-La importante dimensión de la temporalidad es su papel generador de desempleo. En 2016, del total de salidas del empleo, el 78,4 % lo fueron por finalización de contratos temporales.

–En el período previo a la crisis, un contratado temporal «medio» tenía que pasar 54 meses en esa condición antes de pasar a indefinido, mientras que en la actualidad la espera se prolonga a 94 meses.

-Los contratos indefinidos crecen un 1,5 % anual, y los temporales el 6 %, parece que la senda de incorporación al mercado de trabajo va a seguir siendo mayoritariamente la temporalidad.

–El indudable crecimiento presupuestario en estas políticas de empleo no ha impedido su mantenimiento en unos niveles inferiores a la media europea.

-En este ámbito concurren una diversidad de administraciones, y por ello se deben redoblar los esfuerzos por la cooperación institucional.

–España tiene niveles de pobreza laboral similares a países con un nivel mucho más bajo de renta per cápita dentro del ámbito europeo, y bastante por encima del promedio UE, en torno al 8 %. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, el 14,1 % de la población ocupada se encontraba en pobreza laboral, habiéndose mantenido estable ese porcentaje entre el 10 y el 11 %, desde mediados de los 90.

–La reforma laboral de 2012 sería el último ejemplo de políticas públicas del mercado de trabajo que ponen mayor énfasis en la flexibilidad. Esta reforma no ha tenido el éxito que pretendía en sus objetivos: no se ha producido un sensible cambio de tendencia; el paro de larga duración sigue afectando a muchas personas, más de la mitad de los parados lleva más de un año buscando empleo; el juvenil, a cuatro de cada diez menores de 25 años; no se reduce la temporalidad (más del 90 % de los nuevos contratos son temporales; el marco institucional de relaciones laborales aumenta la flexibilidad sin que se haya traducido en creación de empleo estable ni en un diseño adecuado de políticas activas; el salario bruto ha disminuido en términos reales desde 2010 y en términos nominales desde 2012.

Estos datos quizás sean muy exhaustivos pero se hace necesario destacarlos para poder poner de manifiesto el error permanente de las administraciones públicas en sus decisiones sobre una materia de tanta trascendencia para el ciudadano, especialmente para el más vulnerable: jóvenes, mayores y mujeres. Sus decisiones no solo se destacado por su poca eficacia, sino porque no entran nunca en un punto fundamental que se ha puesto de manifiesto: la falta de cooperación institucional de las diversas administraciones públicas, que todas de una u otra forma meten mano, de meter en sentido amplio, de tocar las narices, como dice finamente el Defensor del Pueblo. Hacer nada, pero siempre están cerca, por si se pierde algo, que curiosamente siempre ocurre.

Por ejemplo el problema de la vivienda, uno de los sectores económicos de más trascendencia de nuestro país, que nuestros políticos no han querido cambiar y que no tardara en entrar en otra nueva crisis. Compra o alquiler de vivienda, propiciando una nueva burbuja por la política de unos y otros: control de alquileres, incentivos públicos para el alquiler, impedimentos a la puesta en marcha de nuevos proyectos urbanísticos en las grandes ciudades… ¡Mejor dejen que el mercado se regule por su cuenta! Pero sobre todo póngase orden por el Estado en tanto desbarajuste de la infinidad de administraciones públicas que regulan de forma diferente todos y cada uno de las condiciones de vida del ciudadano.

En la creación de empresas, pieza fundamental del fomento del empleo intervienen infinidad de organismos y unidades administrativas de estos: Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria Inspección de Trabajo, Registros Mercantil y de la Propiedad, Comunidad Autónoma (con varias consejerías y unidades administrativas diferentes: trabajo, actividades económicas…) y ayuntamientos (también con varias unidades administrativas, locales, aperturas, obras, bomberos, etc.). La mayor parte de estos trámites deben realizarse con carácter previo lo que produce retrasos en la puesta en marcha de la empresa en un plazo que puede superar los tres o cuatro meses mínimos. Se habla de más de trescientas normas que pueden afectar en la creación de una empresa.

Y lo que es más preocupante que se presta a determinadas situaciones indeseadas y crematísticas. Amén de las correspondientes tasas que nadie quiere perderse: Cuando se adjudicaron los hoteles del Campo de las Naciones, el concurso se ligó a un proyecto y un valor económico. Una vez construidos no se daba la licencia por el Ayuntamiento cuando su inauguración estaba prevista para un gran acto en el palacio, lo que nos ponía de los nervios a todos y a los gestores hoteleros lógicamente más. No entendían nada siendo el vendedor un organismo municipal. Intente agilizar los trámites y justamente me encontré en un acto al responsable de otorgar la licencia y al Concejal de Obras y aprovechando un intermedio en la conversación le pregunte al edil si era cierto que las licencias se otorgaban en el plazo legal establecido de tres meses, a lo que el funcionario se vuelve hacia mí y me espeta: “solo en mi mesa los expedientes duermen esos tres meses” y se quedó tan pancho.

Como en el caso del idioma español es el momento de que el PP (me fio poco de todos), el que en la misma línea proponga en su programa una solución: crear un organismo que centralice toda la información de todas y cada una de las empresas que se creen, otorgando las licencias de funcionamiento en un solo acto, justo en el