EL PARO 2ª  LAS SOLUCIONES

La intervención de los ayuntamientos en la gestión de licencias puede convertirse en un grave problema en un momento determinado. Eso ocurrió en el año 1983 con el incendio de la discoteca Alcalá 20.

Yo había presentado a mi grupo municipal una proposición sobre “Los riesgos catastrófico en las grandes ciudades” en la que se analizaban las situaciones urbanas de riesgo que pueden darse en una gran ciudad como Madrid y las implicaciones de las diferentes administraciones en esos hechos y en sus consecuencias, por acción o por omisión. Hay que tener en cuenta que pueden suponer un riesgo intrínseco a la ciudad los suministros de gas, electricidad y agua fundamentalmente. Riesgos que pueden verse incrementados en su gravedad o las consecuencias colaterales por el tráfico rodado, trenes y líneas de metro subterráneos o la acumulación de personas en determinados actos públicos o centros comerciales.

Los políticos toman en momentos determinados decisiones en las que no se ha medido suficientemente las consecuencias que pudieran coadyuvar a incrementar las consecuencias de los riesgos primarios: hacer bulevares en grandes avenidas de evacuación o ligadas a hospitales, caso de la Castellana en Madrid o peatonizar calles y plazas cerrando con bolardos o grandes jardineras las posibles entradas de los servicios de emergencia.

Por entonces se empezaba a introducir por Barcelona el gas natural como medio de suministro de energía, llegándonos noticias de algunos incidentes graves al sustituir el sistema hasta entonces utilizado, el gas ciudad o gas pobre, que fue durante muchos años el utilizado también en Madrid y en la mayor parte de las ciudades españolas. Este suministro ha dejado imágenes muy románticas: el depósito metálico de almacenamiento en la zona de Acacias en el caso de Madrid, en donde estaba el célebre recinto deportivo del Campo del Gas, en donde se celebraron  grandes combates de boxeo y lucha libre, produciendo grandes campeones mundiales y europeos de la especialidad como Galiana, Folledo o  Legra. Resuena en mi memoria una imagen semejante en mi querido Valladolid.

Siempre me llamo la atención  la actividad de unos operarios que clavaban una pica metálica hueca con una goma en su punta y que, a modo de mechero bunsen, comprobaban la posible existencia de fugas de gas. Dado que la tubería de suministro era conocida como red de teja compuesta por tramos cerámicos unidos por una argamasa no era difícil que se produjeran fugas.

A ello hay que unir que la red eléctrica se hace mediante transformadores que van reduciendo la diferencia de potencial de muy alta a baja tensión, situados a lo largo de la ciudad enterrados en la calle. Los riesgos pueden ser importantes si tienen la ayuda de la red de suministro de agua, que como en el caso de la electricidad va disminuyendo la presión para conseguir un flujo continuo pese a las diferencias de consumo por zonas y horario. El suministro del gas natural se hace de igual forma que la electricidad con transporte a alta presión, para disminuir esta hasta el último nivel, el consumidor, siempre garantizando un flujo continuo.

El tráfico puede suponer un riesgo añadido si las cosas se complican. Es cierto que la ciudadanía suelo actuar con una gran solidaridad en casos de grandes catástrofes como ocurrió con el 11 M. Pero no puede fiarse todo a la actuación ciudadana.

En aquel caso fue  el Ayuntamiento el que se vio implicado en el incendio de Alcalá 20 por un problema de licencia, que no se encontró,  cuando lo cierto es que unos hijos de mala madre habían hecho una reforma del local con materiales inflamables peligrosos, se había superado el aforo y las puertas de emergencia estaban cerradas que provoco una verdadera catástrofe humana.

Como siempre ocurre se procesa por la vía penal a los responsables políticos para garantizarse la acción subsidiaria de la administraciones públicas, para al final no condenarlos. El pobre Horcajo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento estuvo procesado diez años y me contaba la tragedia que le supuso a él y a su familia el procesamiento sin comerlo ni beberlo. Dos mil millones de pesetas costo la maldita broma por no encontrar la licencia municipal. En una discusión en un pleno municipal el concejal de urbanismo Espelosín me dio la solución que habían encontrado: poner a los inspectores de obras y urbanismo el casco de bombero para que cualquiera de ellos informara de la situación de los locales y colocar una capilla a la entrada de los locales en donde colocar bien visible la licencia municipal para evitar que se  quemase y con ello saber que existía o no una licencia  municipal. Una anécdota  para una gran tragedia.

Aparece ahora la figura del inspector que yo citaba con antelación. Una pieza fundamental en la creación de empresas pero cambiando su concepción actual.

Vayamos a la solución:

El empresario, persona física o jurídica, es el responsable único desde el inicio del proyecto empresarial. Y desde la misma manera que decide el proceso productivo o la financiación que garantiza la viabilidad de la empresa, debe hacerlo del resto de factores que influyen en la vida de la empresa. En consecuencia debe conoce, por pura lógica, el mercado en que va a moverse y las reglas que lo regulan: contratación  de maquinaria y mano de obra, locales, entorno, movilidad, logística, contaminación, incendios, seguridad e higiene, productos, salubridad, ruido, etc. Y por tanto está obligado a cumplir las leyes, reglamentos y normas que le afecten. No tiene lógica que en esta España de nuestra desgracia que estamos viviendo, padeciendo, se obligue al empresario a garantizar por adelantado cientos de normas dictadas por ministrillos, consejerillos o concejalillos, muchos de ellos venidos de allende los mares, huidos de la justicia, y motivados por doctrinas siempre alejadas de toda lógica empresarial. O peor,  por motivaciones crematísticas.

No es extraña la consecuencia que produce el proceso irracional más grave que puede vivir el ciudadano de a pie, único en el mundo moderno, que es  la falta de trabajo, un castigo divino, sin el que difícilmente podemos conseguir el lógico equilibrio personal, social y económico que garantice esa salud personal y colectiva que debe ser una prioridad  de nuestra sociedad y que tanto pregona la progresía al uso. Un país con un 17% de paro es un país enfermo con una patología muy grave. Lo que me intriga es donde se meten, de que viven. No concibo que alguien este tres, cuatro meses, un año sin tener ningún recurso económico y no salga a la calle con una pistola en la mano. Si alguien con un salario malvive y tiene la tarjeta llena el día uno del mes ¿cómo se puede mantener una persona, una familia, varios meses sin recibir ni una peseta? Es cierto que España es tierra de milagros, pero este es muy gordo.

Y una forma de darle un poco de oxigeno es fomentar, facilitar la creación de empresas.

Y como con en el caso del idioma y los reinos de taifas  que han florecido como mala cizaña en esta vieja piel de toro, si no se toman medidas urgentes este pueblo se muere, desgraciadamente envenenado por quienes deberían ser los  que lo  sanaran.

La única forma de cortar de raíz este proceso patológico, mortal de necesidad, es la de proponer al ciudadano una serie de medidas que garantice la verdadera democracia: idioma, normas legales, aplicación y control único en el campo empresarial. Todo en una única elección, sin pactos ni mandanga que permita que el régimen siga igual. Que el pueblo vote si esto es una democracia. Y si dice que no, pues adiós.

Para fomentar la creación de empresas se proponer lo siguiente:

• Quedan derogadas todas las normas en relación con el trabajo que se opongan a las establecidas por la Administración Central.
• Aquellas se limitaran a las que afecten a la seguridad de las personas, la remuneración de los trabajadores y el cumplimiento de los contratos con terceros. Queda totalmente prohibido utilizar recursos públicos para fomentar la instalación de empresas en determinados territorios de unos sobre otros ni subvencionar la creación de empleo  o el mantenimiento de empresas con recursos que no estén centralizados. Por ejemplo ERES.
• Se establece la libertad de horarios para todo el territorio nacional, siendo la empresa en cada sector laboral quien con carácter individual organice sus propias normas siempre que garantice la seguridad y el salario de los trabajadores.
• La empresa deberá rotular sus locales con carácter único en el idioma oficial, el español, aunque secundariamente  podrá hacerlo en cualquier otro que entienda que puede incrementar su función empresarial.
• Todas las comunicaciones se harán de la misma forma que la rotulación con el único idioma, el español,  tanto en sus relaciones con las administraciones como con proveedores y clientes: facturas, contratos, avisos, marcar productos o envases, etc.
• Se crea un organismo nuevo. El Servicio de Información, Creación  y Registro de Empresas (SICRE).
• Mediante una aplicación informática toda persona física o jurídica se dirigirá al SICRE que registrara la petición de creación de una nueva empresa contestando a una serie de registros sobre todo cuanto debe de tenerse en cuenta en la formación de una empresa: nombre, escritura pública o documento individual, DNI, localidad, sector industrial, centro de trabajo, plantilla previsible, maquinaria, etc. (La aplicación, si les interesa, corre por mi cuenta).
• En ese mismo acto el SICRE le proporcionara un número de registro que le servirá DE FORMA PERMANTE para todas sus relaciones con las administraciones públicas, las privadas y comerciales, AUTORIZANDOLE EN ESE MISMO MOMENTO A INICIAR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Sin más más ni más menos. En ese único acto.
• El SICRE comunicara inmediatamente a las administraciones afectadas la constitución de la nueva empresa: Seguridad Social, Trabajo, Sanidad, u otros Ministerios que pudieran ser competentes, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, Registro de marcas etc. Estas se dirigirán con los medios personales disponibles, LOS INSPECTORES del ramo, al centro de trabajo sin que sea el empresario el que se desplace, comprobando que cumple la legislación vigente en aquello campos que sean de su competencia mediante un código que le proporcionara el SICRE. Desde el centro de trabajo de la nueva empresa se remitirá al SICRE la documentación que se considere imprescindible y el acta de inspección correspondiente que quedara archivada a la disposición de los siguientes inspectores.
• La empresa dispondrá y pondrá a su disposición de estos las escritura de constitución, los proyectos técnicos de los locales y procesos productivos, avalados por los especialistas, ingenieros, arquitectos o técnicos con competencia en cada materia y si hace al caso registrados en los correspondientes Colegios o Administración competente, que garantice su seguridad interna y del entorno. Serán estos documentos los únicos previos exigidos a la constitución formal de la empresa. La exigencia del cumplimiento de las medidas que pudieran derivarse de la actuación inspectora solo podrá realizarse por el SICRE.
• Si el inicio de la actividad exige la necesidad de personal los contratos tienen firmeza jurídica y administrativa desde el momento de la  firma aunque su registro sea posterior, pero abonándose  desde su inicio todos los derechos y obligaciones: salarios, retenciones y seguridad social.
• Se endurecen las sanciones por incumplimiento de los empresarios que pueda llegar suponer la intervención inmediata de la empresa y la pérdida de la capacidad con carácter penal de sus gestores.
• Quedan suprimidas todas las tasas que se vienen aplicando actualmente, limitándose al abono por la empresa de los impuestos que se deriven una vez iniciada la actividad empresarial.
• Los trabajadores autónomos o pequeñas empresas que no dispongan de por sí o contratados los medios necesarios para el inicio de su actividad pueden hacerlo directamente y sin cita previa en las oficinas del INSS o Tesorería General de la Seguridad Social que quedan autorizados a inscribirles con el mismo sistema y carácter que el resto de empresas, de forma que se centralice toda la información del mundo empresarial.
• En el plazo de un año se deberá proporcionar al SICRE toda la información de todas y cada una de las empresas existentes actualmente utilizando de oficio los censos disponibles en todas las administraciones públicas, especialmente de hacienda y seguridad social o a iniciativa propia, penándose a quienes queden fuera del sistema.
• La industria de la construcción es una de las principales en creación de empleo por lo que se modificara totalmente la Ley del Suelo eliminando todas las trabas burocráticas de las diferentes administraciones públicas intermedias, que se guiaran solo y únicamente por aquella. Fundamentalmente se regirá por principios de liberalización total del suelo con los solos condicionantes lógicos de seguridad jurídica y administrativa del suelo finalista: urbanización, servicios de alcantarillado, iluminación, alcantarillado, etc. Se eliminaran las cargas que ahora se imponen al suelo tanto económicos como de dotación de suelo a los ayuntamientos. También se aligeraran los procedimientos de planificación urbanística: planes generales, parciales o estudios de detalle.
• Los datos de paro no pueden hacerse mediante una encuesta, que por su mismo concepto es una aberración. Parece normal que todos los sufridores de este drama estén inscritos en un organismo oficial y que sea la Administración Publica la que garantice el cobro de un salario, no una subvención.
• De la misma manera parece lógico ya que se les proporciona un puesto de trabajo, en justa correspondencia a su salario, puedan disfrutar de la garantía de estar sometidos a un horario. El SICRE es el órgano oficial que puede llevar a cabo esta tarea por lo que aquel trabajador que cobre este salario se considera a todos los efectos trabajador de este organismo, quien habilitara los medios necesarios para que el trabajador realice funciones concretas en la iniciativa pública o privada asignada por el SICRE. Perderá su salario todo trabajador que no asista al puesto de trabajo asignado o incumpla el horario.
• La formación de los trabajadores será responsabilidad única del SICRE que no puede delegar esta función en ninguna organización patronal ni sindical.
• Se castigara con penas de cárcel a todos los que burlen las normas de garantía del trabajo digno, especialmente los referentes a economía sumergida. El IVA es un impuesto finalista, lo pagan solo los ciudadanos. Para los salarios y pensiones actuales resulta muy importante un 21% de gastos de reparaciones o determinadas compras, lo que facilita la clandestinidad de una economía sumergida. Y si se trata de un salario en negro en un país con un 17% es fácil caer en la tentación cuando todo el mundo se olvida de ti. Que además puede permitirte cobrar el paro oficial. Los beneficios de una empresa que realiza estas prácticas son claros.

Para  erradica este tipo de actividades irregulares   se establecerá  que figuren en la declaración de la renta de los paganos del IVA, los ciudadanos de a pie, todas  sus facturas, obteniendo una bonificación económica por ello, un tanto por ciento del IVA de lo pagado,  de forma que se motive su declaración. Y  que se le devuelvan las cantidades irregularmente pagadas multiplicadas por diez en el caso que se demuestre que la empresa emisora de la factura no ha cumplido la legislación en la materia. Al contrario si de la investigación a una empresa se desprende un abono no justificado de una persona se le aplicara a esta idéntica medida a la inversa. (Se ha demostrado ineficaz la tontuna de que el ciudadano denuncie una situación que le favorece en un régimen que no tiene ningún rubor en arruinarte, por no decir algo que todo estamos pensando). 

Ya está bien de mentiras, engaños y enterrar la cabeza ante esta tragedia nacional. Hagamos un esfuerzo todos para solucionarlo o al menos minimizar sus consecuencias para las personas y sus familias.

No harán nada porque ellos, nuestros políticos no tienen problemas personales. Ni saben. Ni les interesa para nada el sufrimiento de los ciudadanos.

Hay va mi propuesta. Se aceptan iniciativas para mejorarla.